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Nota de prensa SEGG

La SEGG se muestra contraria a la propuesta de reforma del régimen local que obligaría a las autonomías a hacerse cargo de los servicios sociales de los ayuntamientos

La SEGG contraria reforma autonomías hacerse cargo servicios sociales ayuntamientos

  • Nueve organizaciones (científicas, de personas mayores, empresariales, sindicales y profesionales) exponen 10 razones para que no sean eliminadas las competencias municipales para la prestación de Servicios Sociales
  • Las nueves entidades considean que el sector de atención a personas es uno de los grandes generadores de empleo e impulso económico.
  • En la actualidad hay más de 600.000 personas usuarias que se benefician del servicio de ayuda a domicilio.
Ante la propuesta de reforma del régimen local que obligaría a las autonomías a hacerse cargo de los servicios sociales de los ayuntamientos en el plazo de un año, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Asociación Empresarial Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han explicado las consecuencias han remitido un escrito, el 19 de Abril de 2013, dirigido a los Excelentísimos/a Ministros/a de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, y de Economía y Competitividad. En dicho escrito, proponen que en la reforma de la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local), se mantengan y no sean eliminadas las competencias municipales para “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, recogidos en su punto K, artículo 25.

En rueda de prensa, celebrada esta mañana, los representantes de las diferentes organizaciones han explicado las razones y propuestas que han hecho a los ministerios con el objetivo de frenar la aprobación de dicha ley.

Alfredo Bohórquez, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría ha explicado que “es necesario solicitar que no se eliminen las competencias para la prestación de servicios sociales de los ayuntamientos y las diputaciones porque eliminarlas implica la pérdida de 65.000 puestos de trabajo y que 200.000 personas dejen de estar atendidas, ya que al menos el 50% del presupuesto de los servicios sociales vienen del ayuntamiento”. Y ha concretado que “quitar las competencias no genera un impacto económico positivo, de hecho el sector de atención a las personas es el mayor generador de empleo en todos los países del norte de Europa, y además genera un retorno del 40 por ciento”.

Para, Ángel Quesada Lucas, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, “tanto la teleasistencia como el servicio de atención a domicilio, facilita que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y su entorno, que es lo que quieren, y no tener que irse a una residencia”. Más de 600.000 personas están atendidas por el servicio de atención a domicilio hoy en día en España. “Es prácticamente imposible que una Comunidad Autónoma lleve estos servicios sociales, como lo están llevando hoy en día los ayuntamientos” concluyó.

En cuanto a los puestos de trabajo, el vicepresidente de Federación Empresarial de la Dependencia, FED, y presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, Javier Gómez Martín explicó que “el sector de servicios sociales municipales, dentro del servicio de atención a personas, es un gran generador de empleo local, urbano y rural. Sólo en ayuda a domicilio genera para el sector privado, mercantil y no mercantil, más de 150.000 puestos de trabajo. Además, es un generador de empleo estable, especialmente en sectores de la población que siempre ha tenido dificultades para encontrar trabajo”. “Más del 90% de la inversión en servicios sociales es gasto para personal, no deslocalizable porque el empleo se establece en el entorno donde se presta el servicio. Son las mujeres de entre 35 y 55 años, de cualificación media baja, es decir, uno de los sectores más afectados por desempleo, el que cubre estos servicios” y facilitó a los asistentes un dato clarificador “por cada seis horas de atención domiciliaria se genera una puesto de trabajo”. Y concluyó afirmando que “la ayuda a domicilio contribuye a reducir el coste de servicio de urgencias y el gasto farmacológico, por lo que supone un ahorro a la Sanidad Pública”

En cuanto a los niveles de desempleo que se está dando en el sector, Jesús Fernández Béjar, secretario general de Servicios Privados de Comisiones Obreras, CCOO, explicó que “en los dos últimos años se ha generado un 20% de desempleo en el sector de servicios sociales, que se traduce en 20.000 puestos de trabajo”. Y argumentó que “las medidas que se están tomando van encaminadas a hacer desaparecer el servicio social actual que es indiscutible, por medio de la deslocalización que hace más difícil la atención y la realización de la labor a los trabajadores”. “Este tipo de servicios nació para solucionar dos problemas, la situación precaria de muchas mujeres, y la necesidad de atención de algunas personas. Hoy en día, se puede decir, que estos problemas siguen latentes, ya que la población es más mayor y necesita estos servicios.” Y concluyó haciendo una pregunta a los presentes “¿Ahorramos en euros o en dignidad?”.

En este sentido, representante de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales el D. César Blanco aclaró que “en 2011 el Estado dio 87 millones de euros para estos servicios, en 2013 la cifra se ha reducido a 27 millones, lo que indica hacia donde se quiere ir”.

Por su parte, Emiliana Vicenta González, secretaria general del Consejo General de Trabajo Social explicó que los servicios sociales no sólo son para mayores, sino que también se ocupan de los más desfavorecidos, inmigrantes y también de la pobreza infantil. Por ello recordó que “hay 900 inmigrantes que están sin ningún tipo de asistencia sanitaria. Y que También hay que prestar atención a los menores, ya que son muchos los que sólo pueden tener una comida completa al día, que es la que le dan en el comedor escolar.” “Ante más crisis, la política que hay que seguir es impulsar más servicios sociales de carácter municipal”, concluyó Emiliana Vicenta.


Diez razones para que no sean eliminadas las competencias municipales para la prestación de Servicios Sociales:

Siendo uno de los mayores generadores de empleo e impulso económico el sector de atención a personas y considerando el papel del Estado y de las Comunidades Autónomas muy relevante para establecer los marcos regulatorios comunes, de modelo, autorización, acreditación y financiación, a continuación exponemos las 10 razones más importantes que aporta el actual modelo de servicios sociales municipales y en concreto el de ayuda a domicilio:

1. El servicio social público municipal más importante a nivel de volumen económico y empleo es el servicio de ayuda a domicilio, que genera actualmente una actividad económica en el sector privado (mercantil y no mercantil) de más de 1.000 millones de euros (en su gran mayoría por vía de concurso público).

2. El sector de servicios sociales municipales dentro de los servicios de atención a personas, es un gran generador de empleo local (urbano y rural). Solo en ayuda a domicilio, actualmente la administración local genera para el sector privado (mercantil y no mercantil) más de 150.000 puestos de trabajo.

3. En el año 2012 se han convocado más de 250 concursos públicos de ayuda a domicilio, con un importe económico anual de más de 600 millones de euros.

4. El retorno económico para el Estado es superior al 40% del gasto en servicios sociales, al ser intensivos en mano de obra (por el IRPF, Seguridad Social, IVA e impuestos de sociedades, entre otros).

5. El empleo que genera la atención a personas dentro de los servicios sociales, es un empleo estable y no deslocalizable.

6. El sector de servicios sociales es clave en la generación de empleo femenino. Más del 70% de los trabajadores actuales son mujeres.

7. En la actualidad hay más de 600.000 personas usuarias que se benefician del servicio de ayuda a domicilio, tanto dentro de la red de servicios sociales para personas frágiles, como dentro del sistema de la dependencia.

8. La administración más cercana al ciudadano es la local. Los factores que más valoran las personas son la proximidad y disponer de recursos y soportes para seguir viviendo en su entorno o domicilio.

9. Es de resaltar que en la actualidad los propios ayuntamientos están aportando recursos económicos propios para los servicios sociales y que el papel de los técnicos municipales es clave en el proceso de altas, bajas de personas usuarias, control y seguimiento de los servicios y programas sociocomunitarios.

10. El propio sector privado, considera que dentro del modelo actual de gestión privada de servicios de titularidad pública, la proximidad del cliente de la administración local, es muy importante para los servicios sociocomunitarios y domiciliarios, dado el volumen de personas atendidas, la dispersión y variedad de los servicios.


Entidades firmantes del escrito

Organización
Científica
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Organización
de personas mayores
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
Organización
empresarial
Federación Empresarial de la Dependencia (FED)
Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE)
Organización
sindical
Comisiones Obreras (CCOO)
Unión General de Trabajadores (UGT)
Organización
profesional
Consejo General del Trabajo Social.
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.


Acerca de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local presentado por el Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2013 podría suponer, de aprobarse definitivamente, una reducción de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, que pasarían a ser responsabilidad de las comunidades autónomas. Este cambio afectaría a los centros de salud municipales, las escuelas infantiles y la mayoría de los servicios sociales. Esto último supone un golpe financiero importante para cada comunidad, que deberá integrar o, en el peor de los casos eliminar, esos servicios en el plazo de un año. Lo cual también afectaría en gran medida al sector que actualmente presta los servicios, a sus trabajadores y a las personas atendidas.

 
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